10 de marzo de 2023.

Pleno del Senado, 8 de marzo de 2023

 

  • Desde el colectivo independiente de operadores jurídicos por los animales nos vemos obligados a solicitar al Gobierno que tome medidas contundentes antes de que sea demasiado tarde.

Desde INTERcids manifestamos nuestro más profundo sentimiento de tristeza e indignación tras la aprobación en el Pleno del Senado del 8 de marzo del Proyecto de ley orgánica para la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal y el Proyecto de ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales en España.

Ambos proyectos, tramitados de forma conjunta, mezclando continuamente contenidos de uno y otro y provocando gran confusión en medios y ciudadanía, han sido presentados por el Gobierno como un gran avance. Sin embargo, la realidad es que su aprobación nos aboca a innegables retrocesos para la protección de los animales en este país, retrocesos que podrían haber sido evitados.

De todos los errores y riesgos que planteaban ambos proyectos se ha venido advirtiendo desde hace meses a los ministerios competentes y a los grupos parlamentarios. Se les han trasladado todo tipo de explicaciones, argumentaciones y propuestas concretas de redactado. Pero los problemas alertados por los operadores jurídicos no han sido (ni han querido ser) solventados por actitudes, posturas e intereses que nada tienen que ver con los objetivos de ambas normas.

Los proyectos que en los próximos días serán sometidos a la ratificación del Congreso de los Diputados tendrán negativas consecuencias para los animales. Por un lado, aunque para la reforma del Código Penal se han aprobado algunas de las enmiendas que propusimos, son en todo caso insuficientes, por lo que valorada en su totalidad esta reforma no puede ser considerada positiva: por primera vez, una reforma del Código Penal, en lugar de avanzar, nos sitúa años atrás en la respuesta penal al maltrato animal en España.

Por su parte, el proyecto de ley estatal de protección animal, cuyos contenidos han sido progresivamente cercenados a lo largo de la tramitación, sentará un mal precedente que repercutirá muy negativamente en la protección efectiva de los animales en todo el país. Los retrocesos que conllevan ambas leyes serán muy difíciles de revertir.

En estos momentos, únicamente nos queda instar al Gobierno a que, en un acto de responsabilidad y sensatez, analice cuantas posibilidades existan para evitar el grave retroceso que está a punto de aprobarse, incluida la pertinencia de aplicación del artículo 128 del Reglamento del Congreso: “El Gobierno podrá retirar un proyecto de ley en cualquier momento de su tramitación ante la Cámara, siempre que no hubiere recaído acuerdo final de esta”.

Desde la total independencia política de nuestro colectivo formado por operadores jurídicos de todo el país que se ven confrontados día a día con el maltrato animal en los tribunales y ante las administraciones, nos vemos por tanto en la obligación de solicitar al Gobierno medidas contundentes antes de que sea demasiado tarde.