En este episodio nos acompaña el Dr. Eduardo Olmedo de la Calle, Fiscal de la Audiencia Provincial y Fiscal de Medio Ambiente de Valencia, que nos cuenta cómo es el día a día en la fiscalía y si se parece, o no, a las series de abogados de Netflix.
Analizamos el caso de la burra Rosie, que malvivía en un solar llena de heridas por mordeduras y que pesaba la mitad de lo que le correspondería a su especie.
Descubrimos, además, la cara más personal del Dr. Olmedo y sus aficiones, más allá del derecho.
El libro que nos recomienda es «Ciudad» de Clifford D. Simak.
¡ACTUALIZACIÓN SOBRE ROSIE!
Unos días después de emitir este episodio salió el fallo del caso en el que se CONDENA al propietario de Rosie como autor de un delito de maltrato animal a la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, así como al pago de las costas procesales.
También a pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales por el plazo de dos años. Se acuerda, además, el COMISO DEFINITIVO de la burra Rosie.
Claves del episodio
¿Qué es un fiscal y qué hace un fiscal del medio ambiente?
En términos generales, un fiscal es el funcionario público encargado de velar para que se aplique la ley y de ejercer la acción penal en nombre del Estado. Mientras que los jueces se encargan de dictar sentencia, el fiscal es quien acusa a los presuntos responsables de un delito tras examinar los indicios y pruebas aportados, habitualmente, por los cuerpos policiales.
De forma específica, el fiscal de medio ambiente opera dentro de una sección especializada para abordar delitos que requieren un conocimiento técnico particular. Sus funciones principales incluyen:
- Persecución de delitos ambientales y relacionados: Se dedica a los delitos contra el medio ambiente en general, pero también a materias transversales como la violencia contra los animales, el tráfico ilegal de especies, los delitos contra la fauna, la contaminación nuclear y los delitos contra los derechos de los consumidores.
- Colaboración con la policía: El fiscal actúa como el «siguiente eslabón» en la lucha contra la delincuencia, trabajando estrechamente con cuerpos como la Guardia Civil, la policía local o la autonómica para investigar las denuncias.
- Promoción de medidas reeducativas: Especialmente en casos de maltrato animal, proponiendo penas alternativas a la prisión que busquen la reeducación del infractor, como trabajos en beneficio de la comunidad o cursos de sensibilización.
- Protección de las víctimas (incluyendo animales): incluye solicitar el decomiso de animales para apartarlos de sus maltratadores y asegurar su bienestar en refugios especializados.
El caso de la burra Rosie
La condena en el caso de la burra Rosie se logró a través de un proceso judicial complejo que incluyó un recurso de apelación y un cambio en la estrategia jurídica para demostrar la responsabilidad del dueño. Los pasos clave fueron los siguientes:
- Persistencia de la acusación: El caso llegó a los tribunales gracias a la insistencia de la abogada Raquel López Teruel, quien se opuso al archivo inicial del expediente. A pesar de que el dueño no golpeaba directamente al animal y le proporcionaba comida y agua, la burra se encontraba en un estado de extrema debilidad, pesando apenas 140 kg cuando debería pesar unos 270 kg.
- Recurso tras una absolución inicial: En un primer juicio, el dueño fue absuelto porque el juez consideró que los hechos eran fruto de la negligencia o ignorancia, y en aquel momento el maltrato animal por imprudencia no estaba tipificado en el Código Penal. El fiscal Eduardo Olmedo recurrió esta sentencia ante la Audiencia Provincial de Valencia, que le dio la razón y ordenó repetir el juicio.
- La tesis del «dolo eventual»: En el segundo juicio, la fiscalía argumentó que existía dolo eventual. Esto significa demostrar que el dueño, aunque no tuviera la intención directa de maltratar, era plenamente consciente de que la burra estaba débil y que otros animales (un perro y un burro dominante) la estaban mordiendo y, aun así, decidió no actuar para evitar el sufrimiento del animal.
- Sentencia final: Finalmente, se dictó una sentencia condenatoria que impuso al propietario una pena de nueve meses de prisión y dos años de inhabilitación para la tenencia de animales o profesiones relacionadas con ellos. El decomiso definitivo de Rosie permitió que fuera trasladada legalmente al refugio especializado el Refugio del Burrito.