En una carta abierta, dirigida al ministro Luis Planas y firmada por más de medio centenar de organizaciones y profesionales, pedimos a España que defienda en Europa una normativa más exigente, acorde con la evidencia científica y la demanda social.
INTERCIDS se ha sumado a una carta abierta dirigida al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la que más de medio centenar de organizaciones y profesionales de distintos ámbitos solicitan al Gobierno español que defienda una reforma ambiciosa de la normativa europea sobre transporte de animales vivos.
La iniciativa reclama que España asuma un papel activo en las negociaciones en el Consejo de la Unión Europea para garantizar que la futura regulación responda a la evidencia científica y se traduzca en mejoras efectivas para los animales.
La revisión del Reglamento (CE) 1/2005, vigente desde hace más de veinte años, constituye una oportunidad para actualizar las condiciones de transporte a la luz de los avances científicos, las nuevas tecnologías y los cambios en las condiciones climáticas.
Siete prioridades para mejorar la protección de los animales durante el transporte
La carta plantea siete principios que España debería defender en las negociaciones europeas:
- Reducir significativamente la duración de los viajes y establecer límites efectivos.
- Garantizar espacio suficiente y condiciones adecuadas de ventilación, temperatura, agua, alimentación y descanso.
- Evitar el transporte cuando las temperaturas extremas puedan comprometer el bienestar de los animales.
- Reforzar la protección de los animales vulnerables y evitar el transporte de aquellos que no sean aptos para viajar.
- Mejorar los controles y la trazabilidad durante todo el trayecto, incluidas las exportaciones a terceros países.
- Facilitar la adaptación del sector mediante apoyo técnico, instrumentos financieros y plazos proporcionados.
- Favorecer alternativas al transporte de animales vivos a larga distancia, como el comercio de carne, canales y material genético.
Las y los firmantes reconocen que la adaptación exige inversiones y cambios en el sector. Sin embargo, señalan, estas dificultades deben abordarse con medidas concretas de apoyo, sin utilizarlas para justificar una rebaja de la protección de los animales ni retrasar las mejoras que exige la evidencia científica.
Hacia el fin del transporte de animales vivos
Cuando la Comisión Europea aprobó su propuesta de Reglamento sobre la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas, n diciembre de 2024, INTERCIDS trasladó sus consideraciones y propuestas, tanto a la Comisión como al Ministerio de Agricultura.
En el trámite ante el Parlamento Europeo en abril de 2025, INTERCIDS se unió a la voz del resto de organizaciones integradas en la coalición Eurogroup for Animals, para instar a las y los europarlamentarios a que apoyaran aquellas enmiendas que redunden en la mejora de las condiciones de estos animales.
En sus aportaciones, INTERCIDS instó a reconocer la imposibilidad de garantizar el bienestar animal en los desplazamientos, por las propias exigencias inherentes al transporte y, en línea con el posicionamiento de la Federación de Veterinarios de Europa (2018) y el dictamen del Tribunal de Cuentas (2023), establecer medidas para la eliminación del transporte de animales vivos.
Reformas avaladas por la demanda social
No es solo la evidencia científica la que recomienda mejoras en el ámbito del bienestar animal, la ciudadanía también demanda que las autoridades adopten y apliquen normas para las condiciones de los animales: según el Eurobarómetro de la Comisión Europea sobre bienestar animal de 2023, el 91 % de las personas encuestadas en España considera importante proteger el bienestar de los animales de granja, mientras que el 81 % quiere que se limite el tiempo de transporte de animales vivos.
Las entidades firmantes solicitan al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que contribuya activamente a corregir los planteamientos que se debaten en el Consejo de la Unión Europea cuando no garanticen una protección suficiente, y que defienda un acuerdo final coherente con el conocimiento científico y las expectativas de la ciudadanía.
Las entidades y profesionales abogan por un diálogo constructivo con el Gobierno “de manera que la nueva normativa pueda responder adecuadamente tanto a las necesidades de los animales como a las realidades de quienes deberán aplicarla”.
