La reciente extradición a España del responsable del conocido como “criadero de los horrores” de Melgar de Fernamental (Burgos) marca un hito en la persecución penal del maltrato animal. Tras constatar que el principal investigado había huido del país en 2020, la magistrada Rebeca Huertos, del Juzgado de Instrucción nº 2 de Burgos, dictó una orden internacional de detención, una medida excepcional en este tipo de delitos. El fugitivo fue localizado en Venezuela en octubre de 2024, donde permaneció detenido hasta que su extradición se materializó recientemente. Ya se encuentra en España para responder ante la justicia por los graves hechos investigados.
El caso del conocido como “criadero de los horrores” de Melgar de Fernamental (Burgos) vuelve a la actualidad tras la extradición a España de su responsable, D.O.U., que se encontraba huido en Latinoamérica. El acusado ha sido entregado recientemente a las autoridades españolas después de haber sido localizado en Venezuela y permanecer allí detenido hasta la resolución del procedimiento de extradición.
El caso supone un importante precedente en la persecución penal del maltrato animal, tanto por la gravedad de los hechos investigados como por la cooperación entre cuerpos policiales, asociaciones de protección animal y autoridades judiciales.
También evidencia la importancia de que los delitos contra los animales sean investigados y perseguidos con la misma seriedad que cualquier otra forma de violencia, evitando que estas situaciones de crueldad se prolonguen en el tiempo.
Un criadero marcado por años de denuncias
Entre 2019 y 2020 fueron rescatados 96 perros en condiciones extremadamente deficientes, mientras que al menos 19 animales murieron por inanición. Los perros vivían sin agua suficiente, sin sombra, sin atención veterinaria y con graves infestaciones de pulgas y garrapatas. Muchos se encontraban desnutridos hasta el extremo de ingerir piedras y tierra, ya que el pienso era arrojado directamente al suelo y el hambre les llevaba a comer cualquier cosa.
Según las investigaciones, el criadero también vendía cachorros enfermos que en ocasiones morían poco después de ser adquiridos por los compradores.
Durante años, el SEPRONA denunció la situación ante la Junta de Castilla y León en numerosas ocasiones (más de cincuenta desde 2013). Sin embargo, los procedimientos administrativos abiertos terminaban prescribiendo o se concedían plazos para subsanar las irregularidades, sin que la situación de los animales mejorara.
Intervención judicial y rescate de animales
En 2019, la magistrada Rebeca Huertos, miembro de nuestro colectivo, ordenó una inspección conjunta con el SEPRONA y la administración autonómica. Durante aquella actuación, una perra tuvo que ser eutanasiada debido a su estado crítico y la asociación de protección animal PROANBUR se hizo cargo de varios animales gravemente enfermos. Ese mismo año, el responsable del criadero fue condenado a un año de prisión.
Sin embargo, el maltrato continuó.
Tras nuevas denuncias, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Burgos ordenó otra inspección en septiembre de 2019. En ella se constató que había 124 perros en el criadero, pese a que la licencia autorizaba únicamente 74 animales. De nuevo, varios perros tuvieron que ser retirados por encontrarse en estado grave.
En paralelo, la Junta de Castilla y León inició el procedimiento para retirar la licencia del criadero. Para ello debía localizar al titular, darle traslado del expediente y concederle plazo para formular alegaciones. Además, la administración tuvo que abrir un proceso de licitación para encontrar un lugar donde alojar a los animales, ya que ni las protectoras de Burgos ni las residencias caninas de la provincia tenían capacidad para asumirlos. Finalmente, una residencia canina de Valladolid, junto con un servicio veterinario, resultó adjudicataria del contrato.
Así, la clausura definitiva del criadero llegó en febrero de 2020. Cuando finalmente las autoridades accedieron a las instalaciones para trasladar a los animales, el escenario era devastador: 37 perros seguían vivos y 12 habían muerto. Sobre una mesa se encontraron únicamente dos sacos de pienso de 20 kilos.
Las necropsias practicadas posteriormente confirmaron que los perros fallecidos habían muerto por inanición.
Un operativo para localizar a los animales
Ese mismo mes, la juez instructora ordenó registrar todas las propiedades vinculadas a la familia del investigado para localizar al resto de los animales. En el domicilio del acusado —una vivienda de apenas 90 metros cuadrados— se encontraron 37 perros y dos gatos, mientras que en otra finca aparecieron 31 perros vivos y siete muertos.
La investigación reveló además que, pocos días antes de estos registros, D.O.U. había abandonado España tras vender o regalar sus bienes y huir a México.
Ante esta situación, la autoridad judicial dictó una orden internacional de detención, una medida poco habitual y que marca un hito en la persecución de delitos relacionados con los animales.
Localización en Venezuela y extradición
La investigación continuó durante los años siguientes hasta que el SEPRONA logró localizar al acusado en Venezuela en octubre de 2024. Desde entonces permanecía detenido en ese país a la espera de su extradición, que finalmente se ha materializado ahora.
Mientras tanto, el pasado verano se celebró el juicio contra la madre y la entonces pareja del principal acusado, consideradas colaboradoras en el maltrato y muerte de los animales. Ambas reconocieron los hechos y fueron condenadas. Con la entrega a España del principal responsable del criadero queda ahora pendiente el juicio contra él.
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PROANBUR: Extraditado y preso el propietario del criadero de los horrores de Melgar (Parte 1)
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El Correo de Burgos: Operación Chenilbur de la Guardia Civil