La reciente decisión del Tribunal Supremo de dejar firme la sentencia sobre la contaminación del embalse de As Conchas (Galicia) muestra que, también para la justicia, los impactos de la ganadería industrial no sólo afectan a los animales y al medio ambiente, sino que pueden vulnerar derechos humanos fundamentales de las personas que viven en el entorno.
Diversas sentencias judiciales contra la ganadería intensiva están empezando a reconocer que los devastadores impactos de esta industria no sólo son una cuestión de políticas públicas, sino también de derechos humanos. Las sentencias argumentan que la protección del medio ambiente es necesaria para el disfrute del derecho humano a la vida, a un nivel de vida adecuado, al agua potable y el saneamiento, a la vivienda, a la participación en la vida cultural y al desarrollo. De esta manera, los tribunales constatan que los derechos humanos y la protección del medio natural son interdependientes.
El caso del embalse de As Conchas en Galicia, España
En febrero de 2026, el Tribunal Supremo inadmitió los recursos presentados el pasado verano por la Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia, relativa a la contaminación del embalse de As Conchas y el río Limia. Con esta decisión, la Xunta y la Confederación deberán cumplir con la sentencia del TSJ y adoptar inmediatamente cuantas medidas sean necesarias para que cesen los olores y la degradación ambiental del embalse de As Conchas y de su entorno, además de garantizar a los vecinos el abastecimiento de agua potable limpia, segura y libre de microorganismos y sustancias químicas.
La contaminación del embalse y su entorno proviene de las granjas de cría intensiva de animales instaladas en la comarca de A Limia, explotaciones industriales de ganadería porcina y aviar que llevan ya dos décadas en el territorio.
Esta situación ha provocado que el acuífero del río Limia esté contaminado por nitratos hasta niveles que lo hacen no potable para el consumo humano, y que en el embalse de As Conchas se haya producido la liberación de cianobacterias tóxicas y la acumulación de bacterias fecales, algunas resistentes a los antibióticos.
El embalse de As Conchas, de 631 hectáreas y utilizado en actividades deportivas, de baño y como zona de recreo, ha llegado a ser uno de los más contaminados por carga orgánica de toda Europa. Esta situación ha puesto en jaque a los negocios locales y a la vida en el municipio, provocando la marcha de muchos de los vecinos y la disminución de la población.
La sentencia considera probada la vulneración de derechos fundamentales como el derecho a la vida, también en su relación con el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio, así como la vulneración del derecho fundamental a la propiedad relacionado con el derecho al acceso al agua. Todos estos derechos fundamentales se encontrarían vinculados al derecho a un medio ambiente saludable y adecuado a las necesidades de las personas, que también se habría vulnerado.
En este caso, la sentencia es clara al indicar que la vulneración de estos derechos fundamentales ha sido causada por la inactividad de las Administraciones Públicas que, pese a conocer la situación y estar legalmente obligadas a ello, han tenido una actuación negligente.
Así, la sentencia insta a las administraciones competentes a la adopción de todas las actuaciones de restauración del medio necesarias para que cese la degradación ambiental de la cuenca del río Limia, incluyendo la moratoria para la ampliación o concesión de nuevas licencias de explotaciones; estudios ambientales y medidas para atajar la contaminación; estudios epidemiológicos para la observación de enfermedades humanas asociadas a la contaminación ambiental; monitorización de la calidad del agua y el control de los parámetros de nitratos y nitritos, entre otras medidas.
Se trata de una sentencia pionera que abre la puerta a seguir defendiendo derechos fundamentales frente a la inacción de las administraciones públicas. Casos similares al de As Conchas se suceden por todo el territorio español, por lo que ahora las comunidades locales podrán hacer valer la protección de derechos humanos fundamentales ante los estragos provocados por la ganadería industrial.
En septiembre de 2025 INTERCIDS entrevistó a la abogada representante de las personas demandantes, Georgina Guerrero Ron en el episodio 149 del podcast Derecho y Animales.
El caso de la granja porcina de Homún en Yucatán, México
En 2018, seis niños y niñas del pueblo maya de Homún solicitaron un juicio de amparo ante un juzgado federal contra la instalación de una granja intensiva de producción de cerdos en Homún, localidad situada en la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes de la península de Yucatán, en México.
Esta instalación entró en funcionamiento a finales de 2016, cuando la administración concedió el permiso a la empresa propietaria de manera irregular, al no consultar al pueblo maya de Homún si estaba de acuerdo con el proyecto, tal y como indica la ley. La instalación estaba diseñada para albergar 49.000 cerdos por ciclo de reproducción, que se repite cada seis meses.
Los daños ambientales fueron inmediatos: uso intensivo del agua, líquidos fecales en el manto freático, contaminación de las aguas y del suelo por nitratos, deforestación, contaminación por el uso de antibióticos, así como perjuicios al desarrollo de los modos de vida y de las actividades locales, algunas de ellas basadas en el ecoturismo de cenotes. También pudieron demostrar la situación de hacinamiento y falta de cuidados de los animales, encontrándose animales muertos en la instalación.
En esta primera instancia, los menores de edad consiguieron la suspensión de la actividad de la granja intensiva. La demanda cuestionaba la decisión de las autoridades mexicanas de permitir una instalación de casi cincuenta mil cerdos en un área ecológicamente vital para la comunidad local, e internacionalmente protegida por la Convención de Ramsar. La misma argumenta la vulneración de derechos fundamentales como el derecho a la niñez, al acceso al agua y aire limpios, a la salud, a un medio ambiente sano, a una vida digna, a la autonomía e identidad cultural como pueblo indígenaytambién señala ala naturaleza como sujeto de derecho que debe ser protegido.
Tras más de siete años de batalla legal, en abril de 2024 un juzgado federal dictó una sentencia inédita, que dejó sin efecto la autorización de impacto ambiental de la granja intensiva, argumentando la vulneración sistemática de derechos humanos, la contaminación ambiental y el incumplimiento de la consulta previa al pueblo maya. Después de la evaluación de dictámenes periciales realizados por expertos científicos y legales, la sentencia ordena la protección del Anillo de Cenotes ante cualquier autorización de impacto ambiental futura que pueda someterse a consideración de la autoridad competente.
La sentencia pide al gobierno de Yucatán que realice la consulta, por ley establecida, al pueblo de Homún. No obstante, la comunidad maya solicita a las autorizades que reconozcan como válidos los resultados de la autoconsulta que ellos mismos organizaron en 2017. De esta manera se evitaría alargar el proceso y dar la posibilidad a que la empresa recurra la sentencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Yucatán debe realizar sus consideraciones en relación a las posibles afectaciones ambientales del anillo de cenotes. Así, se considera que esta sentencia es un precedente contra otras granjas de cría intensiva de animales que se están instalando en la península del Yucatán.
En septiembre de 2024 INTERCIDS entrevistó a Lourdes Medina Carrillo, una de las abogadas de los demandantes, en el episodio 124 del podcast Derecho y Animales
La producción de carne industrial y sus impactos
La producción de carne industrial constituye hoy un gran problema a nivel planetario, con impactos que afectan a los derechos humanos, a la naturaleza y, sobre todo, a los propios animales.
Los animales criados en granjas industriales se encuentran hacinados, encerrados de forma permanente, sin poder desarrollar comportamientos naturales, expuestos a enfermedades físicas y psicológicas, a prácticas de manejo que implica la amputación de partes del cuerpo, a la inmovilización en jaulas y a métodos de aturdimiento ineficaces que provocan muertes agónicas.
Además, en el caso de la producción de carne industrial, la lucha de las comunidades locales contra grandes empresas destapa prácticas empresariales poco éticas, así como la negligencia y la complicidad de las administraciones públicas.
Las sentencias contra las granjas de cría intensiva de animales son pioneras y señalan que la protección de derechos fundamentales es una cuestión de interdependencias de derechos, dado que proteger derechos humanos básicos significa que la protección de los animales y de la naturaleza deben estar también garantizados. Así, cuestionar este tipo de producción de alimentos supone trabajar por la preservación de derechos fundamentales.