El estado de Indiana reconoce el maltrato animal en contextos de violencia doméstica

Violencia vicaria a través del maltrato animal
Foto: Nathan Anderson / Unsplash

El estado de Indiana (EE. UU.) ha dado un paso significativo en la lucha contra la violencia vicaria al reformar su legislación penal para reconocer la instrumentalización del maltrato animal como forma de amenaza y coacción en contextos de violencia de género y doméstica.

Este mes de marzo de 2026, el estado de Indiana ha aprobado una enmienda clave en su legislación penal que reconoce la instrumentalización de la muerte de un animal, ocurrida a sabiendas o intencionalmente, como método de amenaza, intimidación o coacción en el contexto de la violencia de género y doméstica, tipificándolo como delito grave.

Se trata de un paso importante para hacer frente a la impunidad de la violencia vicaria y a la utilización del maltrato animal como herramienta para dañar a las personas.

Esta reforma reconoce que el maltrato animal está estrechamente vinculado con la violencia hacia las personas, especialmente en contextos de violencia de género y familiar, y supone un avance significativo hacia una comprensión más amplia y realista de la violencia doméstica.

Desde INTERCIDS esperamos que, en el futuro, la ley avance un paso más e incorpore como delito grave tanto el daño causado a un animal como la amenaza de ocasionarlo cuando estas conductas se utilicen como forma de coacción o intimidación en el contexto de la violencia doméstica o de género.

El debate también avanza en España

En España, este enfoque ha ido ganando reconocimiento en los últimos años. En esta línea, la entidad CoPPA (Coordinadora de Profesionales para la Prevención de Abusos), dedicada a la protección de colectivos vulnerables y personas en situación de violencia, ha impulsado distintas propuestas legislativas desde 2014.

Entre ellas destaca el cambio en el Código Penal aprobado en 2015, que tipificó el maltrato animal en presencia de un menor de edad como agravante. Más recientemente, CoPPA ha promovido diversas propuestas de enmiendas al Anteproyecto de Ley Orgánica sobre violencia vicaria en España.

Entre estas propuestas se incluye el reconocimiento de que amenazar con dañar o hacer desaparecer a animales del entorno familiar, así como maltratarlos o matarlos, puede constituir una forma especialmente grave de violencia de género. Estas conductas se emplean con frecuencia en España como mecanismos de control, intimidación y generación de sufrimiento emocional en mujeres en situación de violencia.

Numerosos estudios han constatado que muchas mujeres en situación de violencia sienten fuertes lazos afectivos hacia sus animales, a los que consideran miembros de su familia, y que el daño causado mediante estas tácticas por parte de los agresores es considerable y puede provocar consecuencias duraderas, incluso trágicas.

Los animales de compañía están presentes en un alto porcentaje de familias en España y, debido a la relativa impunidad que aún rodea el maltrato animal (y la total impunidad en casos de amenazas), estas conductas se convierten en una herramienta frecuente. El uso del maltrato o de las amenazas contra animales constituye una manifestación habitual de la violencia vicaria, por lo que una protección integral de las víctimas debe contemplar también los daños y amenazas dirigidas a su entorno afectivo.

Hacia una protección integral

Desde INTERCIDS también se ha venido subrayando la necesidad de reconocer que los animales de la familia forman parte de la esfera afectiva de muchas personas, lo que exige impulsar reformas que atiendan esta realidad.

Asimismo, se insiste en que una respuesta efectiva frente a la violencia de género debe incluir la puesta a salvo de estos animales como medida necesaria tanto para salvaguardar a las personas como para garantizar una protección integral de las víctimas.

En este sentido, en colaboración con CoPPA, INTERCIDS propuso en 2018 la inclusión de los animales en las órdenes de protección en casos de violencia de género, entre otras reformas orientadas a ofrecer una protección más efectiva.

Avanzar en reformas normativas que incorporen esta perspectiva resulta esencial para garantizar una respuesta más amplia, realista y eficaz frente a la violencia doméstica y sus múltiples formas.

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