En junio de 2025 el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sometió a información pública el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 50/1981, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que plantea cambios de gran trascendencia en la instrucción del proceso penal, atribuyendo a la figura del fiscal las facultades de control y decisión sobre toda la fase de investigación, asumiendo las ahora competencias de los jueces de instrucción.
Con motivo de esta consulta pública y en relación con el papel del Ministerio Fiscal en la investigación y persecución de los delitos contra los animales, INTERCIDS ha insistido en la necesidad de configurar un área autónoma y especializada para estos delitos, dentro de la Fiscalía. Así, en sus aportaciones a esta consulta sobre la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal la entidad ha reiterado su Propuesta para una Fiscalía Especializada en Delitos contra los Animales (INTERCIDS/D-PR21-FISC_2024/07), presentada en 2024.
Una vez más, la entidad ha apelado a la necesidad de especialización que requiere la naturaleza de estos delitos que, desde la reforma del Código Penal operada por LO 3/2023, de 28 de marzo, se constituyeron en un título propio “De los delitos contra los animales”, fuera ya del anterior marco normativo que los mantenía englobados en un apartado dentro de los delitos contra el medio ambiente, esquema que sin embargo la Fiscalía sigue manteniendo.
Respecto a otras consideraciones relativas a la reforma, INTERCIDS ha expresado también su preocupación por el efecto que el cambio en la instrucción de los procedimientos podría tener en aquellos sobre delitos contra los animales, por ejemplo “cuando surjan discrepancias con el Ministerio Fiscal sobre las diligencias de investigación a realizar, o cuando éste se oponga a la apertura de juicio oral y, al no existir la figura del juez que decida sobre estos extremos, no se pueda continuar con el procedimiento”. Por este motivo, la entidad manifiesta que, si la reforma es finalmente aprobada, la necesidad de configurar una fiscalía especializada en estos delitos será, si cabe, aún más necesaria.